Comprobar estas afirmaciones resulta crucial, ya que influyen directamente en decisiones de compra, inversión y en la propia reputación corporativa. El auge del lavado verde —la difusión de mensajes ambientales engañosos— y de declaraciones imprecisas sobre responsabilidad social ha incrementado la desconfianza. La verificación ayuda a distinguir acciones concretas de simples mensajes publicitarios, protege a los consumidores y ejerce presión para que las empresas impulsen transformaciones auténticas y medibles.
Principios básicos para evaluar una afirmación
- Transparencia: ¿La empresa publica datos, metodologías y alcance temporal?
- Verificabilidad: ¿Existen auditorías o certificaciones externas que respalden la afirmación?
- Medición: ¿Se usan indicadores cuantificables y comparables (por ejemplo, toneladas de CO2, porcentaje de material reciclado, reducción de emisiones año a año)?
- Ambición y coherencia: ¿Los objetivos son compatibles con límites científicos o con la cadena de valor de la empresa?
- Responsabilidad: ¿Hay mecanismos para remediar impactos negativos y canales para denuncias?
Lista práctica de verificación paso a paso
- Buscar el informe de sostenibilidad del último año y comprobar si incluye un índice de contenidos y una metodología clara.
- Verificar si los indicadores están auditados por terceros y revisar el tipo de aseguramiento (limitado o razonable) y la norma aplicada (por ejemplo, ISAE 3000).
- Comprobar certificaciones relevantes y la entidad certificadora. Confirmar el alcance y la caducidad del certificado.
- Revisar compromisos públicos en iniciativas reconocidas: informes a plataformas de reporte climático, objetivos validados por iniciativas científicas o registros en organismos sectoriales.
- Examinar la cadena de suministro: existencia de políticas de proveedor, auditorías de sitio, trazabilidad de materias primas y medidas contra trabajo forzoso o deforestación.
- Contrastar anuncios comerciales con datos reales: reducción absoluta de emisiones, no sólo intensidad por unidad producida.
- Buscar opiniones de ONG, medios de investigación y organismos de control que puedan haber evaluado o sancionado prácticas de la empresa.
Herramientas, normas y fuentes que conviene consultar
- Iniciativa de Reporte Global (GRI): referencia ampliamente utilizada para la presentación de informes no financieros.
- Informes y plataformas sobre clima: CDP, centrado en divulgar emisiones y riesgos vinculados al cambio climático.
- Objetivos basados en la ciencia: la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) respalda metas de reducción de emisiones coherentes con la ciencia climática.
- Certificaciones sectoriales: Comercio Justo, Consejo de Administración Forestal (FSC), certificaciones de agricultura ecológica y acreditaciones sociales como la certificación de responsabilidad laboral.
- Normas ISO: ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (gestión ambiental), ISO 26000 (orientaciones sobre responsabilidad social), entre otras.
- Informes de aseguramiento: evaluaciones y dictámenes de auditoría conforme a ISAE 3000 u otros marcos de aseguramiento.
- Agencias de calificación ESG: entidades y consultoras que valoran el desempeño ambiental, social y de gobernanza, útiles como punto de contraste aunque emplean metodologías particulares.
Indicadores esenciales que no pueden omitirse
- Emisiones de gases de efecto invernadero: desglose por alcance 1, 2 y 3, y evolución año a año.
- Consumo de agua y energía: volúmenes absolutos y eficiencia por unidad de producto.
- Gestión de residuos: tasas de reciclaje, reducción de residuos en origen y residuos peligrosos gestionados.
- Materiales: porcentaje de materias primas sostenibles o recicladas y trazabilidad de origen.
- Indicadores sociales: horas de capacitación, brecha salarial, incidentes laborales, cumplimiento de derechos humanos en la cadena de suministro.
- Impacto en la biodiversidad: medidas para evitar la pérdida de hábitat, políticas sobre deforestación y uso de tierras.
Ejemplificaciones y situaciones demostrativas
- Patagonia: ofrece información extensa sobre su red de proveedores y sus métodos mediante plataformas propias; también destina un porcentaje de sus ventas a iniciativas ambientales y permite seguir el origen de los materiales utilizados en sus productos. Su nivel de transparencia y sus certificaciones suelen mencionarse como referencia dentro del sector textil.
- Unilever: ha fijado metas públicas para disminuir emisiones y emplear materiales sostenibles, y difunde reportes anuales con métricas y avances. Asimismo, parte de sus informes se somete a verificación externa.
- Empresa con controversia: algunos actores líderes del mercado combinan campañas de comunicación ambiental con una escasa demostración pública de reducciones reales en sus impactos; evaluaciones independientes y medidas regulatorias han revelado diferencias entre lo que comunican y sus acciones.
Señales de alerta (posibles indicios de lavado verde)
- Afirmaciones imprecisas que no incluyen cifras ni plazos verificables.
- Empleo reiterado de expresiones amplias como “eco”, “natural” o “sostenible” sin aportar pruebas.
- Falta de una verificación independiente o de acceso a la información que sustente las declaraciones.
- Énfasis en efectos secundarios menores mientras la causa principal del daño permanece sin atenderse, como recurrir a compensaciones en lugar de disminuir realmente las emisiones.
- Variaciones constantes en metas o métodos que dificultan cualquier análisis comparativo a lo largo del tiempo.
De qué manera intervienen los reguladores y la sociedad civil
- Autoridades de consumo y agencias regulatorias exigen cada vez más que las afirmaciones ambientales sean verificables y no engañosas; hay guías y sanciones en crecimiento sobre lavado verde.
- Inversores institucionales usan criterios ESG y votaciones en juntas para exigir transparencia y metas ambiciosas.
- ONG y medios realizan investigaciones sobre cadenas de suministro y prácticas laborales, detonando cambios y sanciones cuando se detectan irregularidades.
Recomendaciones para distintos públicos
- Consumidores: buscar etiquetas verificadas, consultar informes públicos y preferir empresas con datos auditados y trazabilidad visible.
- Inversores: exigir divulgación alineada con marcos comparables, verificar aseguramiento independiente y revisar métricas de alcance 3 y riesgos de transición.
- Periodistas y ONG: analizar contratos, certificados y auditorías; contrastar declaraciones con datos de proveedores y territorios afectados.
- Empleados y proveedores: exigir canales de denuncia y acceso a políticas y auditorías; participar en procesos de mejora continua.
Verificar afirmaciones de calidad, sostenibilidad y compromiso social exige criterio, fuentes fiables y una mirada crítica que combine certificaciones externas, datos cuantificados, aseguramiento independiente y vigilancia de la cadena de suministro. La transparencia real no es solo comunicar buenos propósitos sino publicar datos verificables, aceptar revisiones externas y mostrar avances medibles frente a estándares científicos y sociales. Consumidores, inversores y reguladores forman una red de comprobación que, bien informada, reduce el espacio para el lavado verde y favorece transformaciones empresariales concretas hacia prácticas más responsables.
